Casa rosada
La Presidenta reglamentó el decreto que regula la distribución de diarios y revistas
La presidenta Cristina firmó hoy la reglamentación del decreto que regula la distribución de diarios y revistas, y que en los hechos devuelve derechos a los canillitas y da por caducada la desregulación de la venta de diarios que se consolidó bajo la presidencia de Fernando de la Rúa con el decreto 1025 del año 2000.
Aquella norma perjudicaba a los canillitas, ya que permitía comercializar las publicaciones en supermercados y otros puntos de expendio, más allá de los tradicionales puestos de los diarieros.
La medida reglamentada hoy establece la creación del Registro Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas, en el que deberán inscribirse los titulares del derecho de parada, reparto y de líneas de distribución de diarios y su zona de influencia. A través de la nueva normativa, el gremio podrá recuperar el feriado que los trabajadores del sector tenían hasta hace unos años por el Día del Canillita, el 7 de noviembre.
En el acto, la Jefa de Estado sostuvo que "la seguridad jurídica es para todos, y en este acto damos certeza al último eslabón de la cadena de esta actividad de producción cultural de diarios y revistas".
Además, la Presidenta pidió que "todos los trabajadores estén registrados, en pos de la igualdad, equidad y justicia", y en ese sentido recordó que "hemos descendido el trabajo en negro del 50% al 34,6%" en todo el país.
Cristina Fernández señaló también que "en el marco de este poderoso mercado interno hay que restituir la igualdad, en un país con más cohesión social, y este es un instrumento más para ello", en relación al Decreto que reglamentó con su firma.
El acto de firma de la reglamentación tuvo lugar en el despacho presidencial de Casa de Gobierno, y el mismo fue presenciado por el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El argentino
Reglamentan la ley para la distribución de diarios
Por decreto, la presidenta estableció la norma que reconoce a los "canillitas" como los únicos trabajadores autorizados para la distribución de diarios y revistas. La resolución ministerial devuelve derechos a los vendedores e impide a las editoriales utilizar canales de venta alternativos.
La presidenta Cristina Kirchner firmó la reglamentación del decreto que reconoce a los "canillitas" como los únicos trabajadores autorizados para la distribución de diarios y revistas. La resolución ministerial devuelve derechos a los vendedores de diarios e impide a las editoriales utilizar canales de venta alternativos.
El decreto 1693/09, que había sido firmado por la Presidenta el 5 de noviembre pasado, establece además la creación del Ministerio de Trabajo y Fiscalización del Régimen de Distribución de Venta de Diarios, Revistas y Afines, que estará integrado por representantes de las empresas, los sindicatos y las distribuidoras.
En ese espacio, el gremio de canillitas apunta a impulsar la restitución de otros derechos, como la recuperación de los 8 puntos porcentuales que perdieron sobre el precio de tapa de los diarios.
La medida garantiza la exclusividad de la venta a través de los kioscos y otros beneficios, la estabilidad del derecho a la parada, la devolución de ejemplares no vendidos y discutir con los editores y distribuidores otros aspectos de esa actividad.
A partir de ahora, las editoriales quedarán impedidas de vender publicaciones periodísticas en la vía pública decretando el fin a la desregulación de la venta de diarios que se había consolidado durante el mandato presidencial de Fernando De la Rúa, informó Télam.
La norma modifica el sistema de distribución de diarios, revistas y afines establecidos en la década del 90, que privilegió los intereses de grupos concentrados. La modificación al marco normativo instruido en 1945 fue puesta en marcha definitivamente durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo.
La norma que reglamentó el Ejecutivo revertirá la tendencia monopólica, que precarizaba las condiciones de trabajo y generaba injustas transferencias de recursos de los trabajadores a los grupos editoriales.
