Sábado 28 de Agosto (Tiempo el argentino)

La presidenta Cristina Fernández dio ayer un paso decisivo en uno de los frentes que había prometido desplegar para dar respuesta política a la denuncia de apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa por parte de los accionistas privados de Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura militar. Anoche, la mandataria envió al Congreso el proyecto de ley para declarar de “interés público” la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel de diario. Contra todos los pronósticos, la iniciativa ingresó finalmente por la Cámara de Diputados, donde el opositor Grupo A adelantó su rechazo a la propuesta y el oficialismo es minoría.
El proyecto de seis artículos propone también la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, que tendrá el carácter de permanente. Fue presentado en una carpeta de 42 folios con la firma de la presidenta; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Economía, Amado Boudou. A ese cuerpo, integrado por ocho diputados y ocho senadores designados por el presidente de cada Cámara y a propuesta de los bloques parlamentarios, el Poder Ejecutivo deberá enviar el proyecto de “marco regulatorio” de la actividad.
El proyecto incluye una novedad: la creación de un Consejo Consultivo Federal con “representantes de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país” para participar de la elaboración del marco regulatorio.
Ese esquema deberá ser aprobado por ambas Cámaras y adecuarse a tres criterios centrales:
- asegurar las condiciones para la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y papel de diarios “con materia prima nacional”;
- garantizar el abastecimiento de todos los medios gráficos “en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios de compraventa del producto”;
- promover el desarrollo de la prensa independiente, garantizando los medios para la publicación de ideas y opiniones, y contribuyendo al derecho de libertad de expresión.
La decisión de impulsar un proyecto históricamente reclamado por los medios que compiten en desigualdad de condiciones con Clarín y La Nación –socios mayoritarios en la fábrica de papel- había sido anunciada el martes por la presidenta en la Casa Rosada. Fue tras recibir el informe Papel Prensa - La Verdad elaborado por la Secretaría de Comercio Interior. Esa investigación aporta testimonios y pruebas documentales sobre las irregularidades en la venta de las acciones de la familia Graiver a los tres diarios mencionados en noviembre de 1976, y constituye uno de los ejes de los fundamentos del proyecto presentado anoche.
La presidenta decidió ingresar la iniciativa por Diputados pese a las versiones que circularon en las últimas horas sobre que el gobierno optaría por el Senado, donde cuenta con más chances de imponer el proyecto por la paridad de fuerzas.
“Corresponde que sea la representación popular y no la federal la que comience el debate. Además, una aprobación en Diputados le da otra fuerza, otra legitimidad”, explicó a Tiempo Argentino un funcionario que participó del trámite legislativo.
La Casa Rosada también confía en sumar un decisivo cuadro de alianzas con la centroizquierda –el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, el Partido Socialista, e incluso Proyecto Sur de Fernando “Pino” Solanas- para lograr la aprobación en la Cámara Baja.
La redacción del texto recayó en la Secretaría de Legal y Técnica que dirige Carlos Zannini, pero el pulido final quedó en manos de la presidenta.
El proyecto toma ejes del informe conocido esta semana tanto como argumentos desplegados por Cristina en su discurso del martes. “Controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”, señala.
En ese sentido, tras dar detalles del proceso de apropiación ilegal de la fábrica productora de papel, el proyecto concluye en sus fundamentos que, en la actualidad, Clarín y La Nación, socios mayoritarios de Papel Prensa, “producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del mercado interno”. Así, el resto de los diarios se ve obligado a “importar papel a un precio que supera en casi un 50 %” al que los dos principales periódicos “se autoproveen”.
“La discrecionalidad en la fijación del precio opera como mecanismo de exclusión. Papel Prensa SA podría estar haciendo abuso de posición dominante, perjudicando, principalmente, a los diarios más pequeños que no poseen capacidad ni financiamiento para importar”, señala el proyecto.

Sábado 28 de Agosto (Tiempo el argentino)

La presidenta envió a Diputados el proyecto sobre producción de papel